La prohibición, que no entrará en efecto antes de por lo menos 12 meses, contempla multas de hasta US$32,5 millones a las empresas si no la cumplen.
El primer ministro, Anthony Albanese dijo que la legislación es necesaria para proteger a las personas jóvenes de los “daños” de las redes sociales, algo que muchos grupos de padres también han expresado.
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