Las reformas legales que permiten el rastreo celular a través de geolocalización para la persecución criminal bajo sospecha, que entraron en vigor este miércoles, carecen de medidas para garantizar la privacidad y el manejo correcto de datos de los usuarios, coincidieron expertos.
«Faltan candados para que en los procedimientos se disminuya el margen de abuso», consideró Irene Levy, presidenta de Observatel.
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