Cuando el estudiante de derecho vienés Max Schrems descubrió que Facebook almacena más información sobre sus usuarios de lo que oficialmente informa (mensajes o pláticas supuestamente borradas, interacciones, etcétera), acudió al órgano regulador de protección de datos de Irlanda, región donde se ubican físicamente los servidores de la firma, para exigir una investigación sobre las políticas de privacidad de la red social.
La oficina europea determinó, entre otras cosas, que la red creada por Mark Zuckerberg debería aclarar quiénes tienen acceso a los comentarios escritos en el muro de un usuario; proporcionar mayor información sobre su tecnología de reconocimiento facial; o tratar con carácter de anónimo los datos recolectados a través de plug-ins sociales como el uso de los botones “Me gusta” y “Compartir”.
Ver completo en: El Economista
