La construcción de la Torre Administrativa por el Gobierno del Estado bajo un esquema de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) violó las reglas de operación establecidas por la Secretaría de Hacienda para este tipo de obras público-privadas y ahora está convertida en una especie de barril sin fondo.
De acuerdo con los lineamientos autorizados por el Gobierno federal para regular sus propios PPS, vigentes desde el 2004, la Administración estatal no debió destinar directamente recursos públicos a la construcción del edificio y mucho menos realizar pagos cuando el inversionista no está brindando el servicio, como lo ha hecho hasta ahora.
Las erogaciones se realizan pese a que la llamada Torre VIP no está concluida, se han incumplido tres plazos de terminación y el edificio de 36 pisos y 180 metros no está siendo ocupado por el Gobierno estatal, que sigue pagando más de 7 millones de renta al mes por otros locales en los que despachan sus dependencias.
Ver más de la nota