El lunes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció la contratación de un esquema de protección financiera por 290 millones de dólares, para mitigar el impacto sobre las finanzas públicas y el patrimonio del Fonden ante los daños causados por sismos y huracanes de naturaleza catastrófica. Ésta es la segunda operación que realiza el gobierno mexicano sobre este tipo de hechos, y cuenta con la asesoría del Banco Mundial, pero este tipo de beneficios deberá extenderse ahora contra daños derivados de inundaciones y deslaves para resguardar la infraestructura pública vial (carreteras), instalaciones educativas y vivienda de sectores en pobreza extrema. El BID, que encabeza Luis Alberto Moreno, advirtió al gobierno mexicano que es «elevado el riesgo fiscal debido a eventos relacionados con desastres naturales», y que «estas circunstancias podrían generar pérdidas patrimoniales significativas al sector público por reposición de la infraestructura y elevados gastos para tender a la población afectada».
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