Si los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) insisten en seguir con el proceso de licitación y otorgar los fallos, incurrirán en desacato de mandato judicial, provocarán que sus resoluciones sean nulas administrativamente e incurrirán en responsabilidad penal, advirtió Salvador Rocha Díaz.
El abogado de Grupo Salinas dijo que el juzgado noveno de Distrito en materia administrativa dictó sentencia definitiva en la que estableció que las bases de licitación del espectro son inconstitucionales, porque los límites de acumulación de espectro no fueron debidamente fundamentados.
La SCT y Cofetel interpusieron un recuso de revisión contra esta sentencia de fondo, el cual será resuelto por un tribunal colegiado en materia administrativa próximamente. Además, fueron otorgadas dos medidas cautelares emitidas por jueces de distrito que obligan a SCT y Cofetel a suspender el procedimiento licitatorio 21, el de la banda de 1.7 a 2.1 Ghz, señaló el abogado.
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