El Senado de la República votó favorablemente una iniciativa que, eventualmente, ampliaría las posibilidades para que los particulares coinviertan en la infraestructura nacional. La iniciativa excluye los trabajos petroleros. Esta exclusión nace del concepto mexicano de Estado; sólo en México algún téorico amplió el concepto de Estado que los grandes pensadores y estudiosos han generado a través de la historia para adquirir, en exclusiva, la obligación, más que la responsabilidad de proveer servicios básicos que podrían ser prestados por el sector privado.
La iniciativa mencionada abre las puertas a mejores esquemas de adjudicación de proyectos, al menos en el papel, y pareciera ser que el Poder Legislativo por fin entiende que los procesos licitatorios que sirven para las adquisiciones menores son obsoletos para las grandes obras. Una asociación público privada es un mecanismo complementario de financiamiento entre dos partes, y un compromiso de operación y mantenimiento que garantiza que el activo producto de la inversión sea útil a lo largo de su vida.
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