Editorial

Ayer, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, salió en defensa de la concesión de las frecuencias de 1.7 y 1.9 gigahercios otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a Televisa y Nextel, proceso conocido como licitación 21, que ha estado marcado por la opacidad, la sospecha y acaso por la ilegalidad, como lo sostiene Grupo Iusacell, competidor de las firmas beneficiadas. La afirmación del político michoacano de que su gobierno procura la competitividad en el mercado de las telecomunicaciones y de que no ha otorgado “privilegios” es una autoexculpación tan contraproducente como lo fue, en su momento y en otro ámbito, el aserto de que su administración no protegía a la organización delictiva presuntamente encabezada por Joaquín El Chapo Guzmán (…)