Octavio Atilano Román y María del Rosario Alapizco, dirigentes de los seis pueblos afectados por la construcción de la presa Picachos, aseguraron ayer que recibieron amenazas de muerte, y responsabilizaron al gobernador Jesús Aguilar de cualquier acción en su contra. En entrevista a una radio local, Román indicó qué las amenazas se emitieron “a raíz de la autorización de 125 millones de pesos que aprobó recientemente el Congreso (de Sinaloa) para que el gobierno local cubra el compromiso de pagos pendientes para propiedades y tierras para los comuneros” desplazados por el embalse.
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