La semana pasada la PGR publicó un Acuerdo mediante el cual se definen los nuevos mecanismos para la intervención de llamadas telefónicas (escuchas), las cuales seguirán requiriendo autorización de un juez.
Lo delicado es que el Acuerdo también contiene la obligación para que los concesionarios de telecomunicaciones proporcionen a la PGR todo tipo de información sobre sus usuarios: llamadas hechas, llamadas recibidas, duración, las fechas en que fueron realizadas, los contratos y planes tarifarios, así como con quiénes y con qué frecuencia hay intercambio de mensajes o correos electrónicos. La PGR pretende que toda esta información de los usuarios de la telefonía, Internet o el messenger les sea entregada sin la autorización de juez alguno. (…)
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