Es comprensible que el gobierno federal enfatice la necesidad de mantener equilibrio en las noticias que publican los medios de comunicación masiva, entre los datos de la violencia originada por los narcotraficantes, y otros informes positivos en materia económica y social. gobierno federal a quien se debe responsabilizar por la violencia.
Lo que necesitamos es reconocer la realidad como es y actuar sobre ella con la ley en ¡a mano, y con las armas que la Constitución pone en manos del Poder Ejecutivo. No podemos permitirnos, pese al consejo de intelectuales y dibujantes, caer en !a ingenuidad que sólo la ignorancia sobre este problema puede explicar. Rendirse ante el narcotráfico no es una opción digna ni aceptable.
El ramo inmobiliario e hipotecario debe de considerar con gran cuidado el impacto actual y futuro de la inseguridad causada por los cárteles de la droga. No parece razonable mantener las metas de construcción de viviendas sin antes ponderar los cambios telúricos en la demanda, que la violencia generalizada está provocando. Seguir adelante sin corregir el rumbo puede desembocar en otro desastre financiero. Lo último que queremos es un “rescate bancario” del sector inmobiliario.
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