La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el análisis de las controversias constitucionales que presentó la Cámara de Diputados contra el presidente Felipe Calderón, por el reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos que promulgó en septiembre de 2009, en la que se establecieron los lineamientos para contratarlos servicios de empresas de particulares y las bases de operación del consejo de administración de la paraestatal. Margarita Luna Ramos, ministra ponente, se pronunció a favor de declarar constitucional el artículo 62 del mencionado estatuto, el cual impugnaron los legisladores, pues a decir de ellos violenta la soberanía nacional al permitir que Pemex celebre contratos en los que comprometa las ventas y reservas de hidrocarburo de México. El mencionado artículo señala que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios pactarán en los contratos y convenios que celebren las remuneraciones con estricta sujeción a los artículo 6 de la Ley Reglamentaria, 60 y 61 de la ley, y podrán basarse en fórmulas o esquemas que permitan obtener un precio cierto y en dinero, de conformidad con la legislación civil.
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