La forma en que se ha desarrollado el proyecto de construcción de la Supervía Poniente ha demeritado la vigencia de los derechos humanos en la ciudad de México. El Gobierno del Distrito Federal (GDF) afirma que el sistema de infraestructura vial del sur-poniente de la ciudad enfrenta un severo problema de saturación.
Aunque esto es parcialmente cierto, la respuesta oficial es debatible: la construcción de una vía de cuota que realizará y operará no el gobierno de la ciudad, sino una alianza de empresas privadas -OHL y Copri, principalmente- no resuelve la problemática de fondo, pues con supervía o sin ella persistirán los problemas viales, porque la lógica que impulsa este tipo de proyectos es la movilidad de vehículos, mas no la de personas.
La realización de este megaproyecto comprometería gravemente el equilibrio ecológico debido a que el poniente de la ciudad es uno de los últimos pulmones urbanos y una zona privilegiada de recarga de los mantos acuíferos.
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