México ocupa un lugar geográfico central para ser un receptor natural de inversión en infraestructura. Sin embargo, la falta de una reforma fiscal que amplíe los recursos internos, la existencia de incertidumbre jurídica por el congelamiento de disposiciones legales en materia de Asociaciones Público Privadas, la limitada capacidad para la estructuración de proyectos y la imagen de inseguridad han complicado la posición de nuestra nación en la competencia global por el capital.
Francisco Ibáñez Cortina, socio de servicios de asesoría financiera en infraestructura de Price Waterhouse Coopers, observó que muchas entidades federativas y municipios presentan problemas de liquidez y de financiamiento flexible para sacar adelante muchos proyectos que requieren, pero que al mismo tiempo presentan limitaciones en su capacidad de endeudamiento y de sus recursos presupuestarios.
Ariel Ramos, socio de White & Case, destacó que “no es suficiente con tener un Plan Nacional de Infraestructura, sino que se necesita que nuestras instituciones tengan el conocimiento técnico”, y que los legisladores estén a la altura para entender la necesidad de que se aprueben leyes que faciliten y den certidumbre a la inversión, como en el caso de las Asociaciones Público Privadas y los Proyectos de Prestación de Servicios.
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