No se descarta el lavado de dinero a través de operaciones inmobiliarias en México, pero este problema no es un común denominador en ese mercado, según informes de Alejandro Kuri Pheres, de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), quien, por otra parte, rechazó las cargas que se pretenden imponer a este gremio, con una iniciativa de ley del Gobierno federal para regular las operaciones en efectivo, por ejemplo, identificando el origen de los fondos de los clientes.
En conferencia de prensa, en la que también estuvo Adolfo Kunz Bolaños, presidente de la Sección Ciudad de México de la AMPI, Kuri Pheres recordó que la Cámara de Diputados recibió el pasado 1 de septiembre el citado proyecto de Ley y recalcó que están de acuerdo con el esfuerzo del Gobierno contra el crimen organizado, pero indicó el problema es que esta nueva ley (en caso de ser aprobada) impone labores de investigación que competen únicamente al Gobierno federal.
En el artículo 8 de ésa propuesta se habla de que los sujetos obligados a cumplir con esa legislación (si es ratificada) son las personas que se dediquen habitual o profesionalmente a las actividades de promoción y construcción de bienes inmuebles.
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