En cinco años, el crimen organizado pasó de ser un riesgo focalizado para la industria petrolera mexicana a una amenaza para la seguridad energética nacional que se expande a ritmo acelerado, de acuerdo con cifras e información proporcionadas por Pemex. Desde Rosarito, Baja California, hasta el sur de Chiapas, la paraestatal se enfrenta a la instalación de tomas clandestinas en los ductos y oleoductos, secuestro de carros-tanque, asalto de pipas, extracción ilegal de materiales y equipo, todo con el fin de robar gasolinas y diesel, petróleo, petroquímicos, condensados y gas. El daño patrimonial para el país derivado de la suma de los delitos se calcula en más de 30 mil millones de pesos anuales. Datos de inteligencia de la Gerencia de Seguridad Física de Pemex, la PGR, secretarías de la Defensa, Marina y Seguridad Pública federal hacen evidente la evolución del problema.
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