Se diría, pues, que por primera vez en la era del gobierno panista se alejaba el fantasma del subejercicio de recursos tradicionalmente detonantes de la reactivación económica del país. Sin embargo, el gozo se fue al pozo horas después, al desmentir la Secretaría de Hacienda el dato. El reflejo más nítido del brutal subejercicio, en un escenario en que la esperanza ubicaba el gasto como puntal para la recuperación, es el crecimiento negativo de la industria de la construcción, que hasta junio pasado arrastraba 3%, tras haber cerrado 2009 con un patético 9.2.
La manzana de la discordia es la oposición de la Asociación de Compañías Afianzadoras de México (Afianza), que encabeza Enrique Murguía Puzzi, frente a la reducción de las garantías de cumplimiento exigidas a los contratistas, cuyo monto máximo, de acuerdo a la propuesta, sería el equivalente a 10% del valor del contrato, lo que implica una reducción de 50%. A juicio, pues, de Afianza, la Secretaría de la Función Pública se fue al otro extremo en afán de laxitud, dado que no se formulan criterios para determinar el grado de cumplimiento de contratos de proveedores y contratistas, ni la mecánica para calcular su solvencia.
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